Amnistía Internacional insta a cuatro ayuntamientos de La Sagra a adecuar sus protocolos de armas Taser a los derechos humanos

Amnistía Internacional ha advertido a once ayuntamientos de Castilla-La Mancha sobre la necesidad de adaptar sus protocolos de uso de armas Taser a los estándares internacionales de derechos humanos, con especial atención a varios municipios de la comarca de La Sagra.

La organización ha remitido cartas a los consistorios de Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Toledo, Talavera de la Reina, Alcázar de San Juan y Fuensalida, así como a varios municipios sagreños: Pantoja, Alameda de la Sagra, Yuncler y Seseña.

Atención a La Sagra

En su comunicado, Amnistía subraya que varios de los municipios señalados pertenecen a La Sagra, una zona en expansión de la provincia de Toledo donde en los últimos años se han incorporado este tipo de dispositivos policiales. La organización pone el foco en los protocolos de localidades como Seseña o Fuensalida, en este caso no pertenece, al considerar que permiten usos que exceden los límites marcados por el derecho internacional.

Por ejemplo, el protocolo de Fuensalida contempla el uso de Taser en personas con problemas de salud mental o bajo los efectos del alcohol o drogas, mientras que el de Seseña autoriza su empleo ante resistencia a la detención. Según Amnistía, estos supuestos no cumplen los estándares internacionales, que solo permiten su uso en situaciones de amenaza grave e inminente para la vida o la integridad física.

Uso restringido y como último recurso

La organización insiste en que las armas de electrochoque deben emplearse bajo criterios muy restrictivos, similares a los de las armas de fuego: únicamente ante un riesgo real para la vida o integridad física, cuando no exista una alternativa menos lesiva y siempre de forma proporcional.

Además, reclama:

• Prohibir su uso en modo de contacto directo, por el dolor intenso que provoca y su posible consideración como tortura.
• Evitar su կիրառación en colectivos vulnerables, como menores o personas con crisis mentales.
• Garantizar formación adecuada a los agentes.
• Establecer mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas.

El caso que ha motivado la advertencia

La advertencia llega tras la muerte de Haitam Mejri en Torremolinos el pasado 7 de diciembre. El hombre, de 35 años, falleció tras recibir al menos once descargas de Taser durante una intervención policial, además de golpes, presión en cuello y tórax y el uso de espray irritante.

Amnistía Internacional ha solicitado una investigación para esclarecer si se produjo una violación del derecho a la vida por uso excesivo de la fuerza, que pudiera constituir tortura o malos tratos.

Referencia europea

El debate sobre estas armas no es nuevo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha recogido las reservas del Comité para la Prevención de la Tortura respecto a su uso, especialmente en modo de contacto directo, por el dolor intenso que generan.

En este contexto, Amnistía Internacional recalca que las fuerzas de seguridad disponen de otras técnicas de control menos lesivas, especialmente en intervenciones a corta distancia, y pide a los ayuntamientos —con especial atención a los de La Sagra— revisar sus protocolos para garantizar el respeto a los derechos humanos.