Disputa en este pueblo de La Sagra por acusaciones de irregularidades de la oposición; el juzgado avala al equipo de Gobierno y estudian acciones legales contra concejales

El Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Toledo ha desestimado la solicitud de suspensión cautelar presentada por los concejales de VOX y la concejal no adscrita contra la reciente Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada por el Ayuntamiento de Carranque. El Auto, fechado el 21 de noviembre, permite la plena aplicación y vigencia de los expedientes impugnados, incluyendo el nombramiento de una empleada eventual para labores de asesoramiento y apoyo a la Alcaldía y al equipo de Gobierno.

En su recurso, los concejales de VOX y la concejal no adscrita solicitaban la paralización cautelar de la nueva RPT, alegando presuntas irregularidades en el procedimiento, así como la suspensión del nombramiento de la asesora eventual. La RPT, aprobada por mayoría en el Pleno municipal, contaba con el respaldo de los sindicatos CSIF, UGT y CCOO.

El Ayuntamiento ha subrayado la gravedad de los hechos y ha informado que está estudiando posibles acciones legales y las consecuencias de que los concejales de VOX, la concejal de Aquí Ahora y la concejal no adscrita votaran en contra de las advertencias expresas del secretario-interventor. Estas advertencias indicaban que no procedía suspender cautelarmente las retribuciones de la empleada eventual hasta que el Juzgado se pronunciara, lo que finalmente ocurrió en sentido contrario a lo aprobado por el Pleno.

Según el comunicado del Consistorio, tanto la Alcaldía como el Secretario habían informado de manera clara en el Pleno sobre la improcedencia legal de votar la suspensión cautelar, ya que el asunto debía resolverse judicialmente. Apenas unos días después, el Auto del Juzgado confirmaba la plena validez y vigencia de la RPT y del nombramiento de la empleada eventual, hasta la finalización del proceso judicial.

El Ayuntamiento ha señalado que se da ahora una situación que considera imposible jurídicamente, con un aparente conflicto entre las decisiones del Pleno y la resolución judicial. El Consistorio advierte que estas maniobras políticas están siendo evaluadas para determinar si podrían constituir un delito, reiterando que los concejales no pueden “activar la Justicia” y tomar acuerdos antes de conocer el pronunciamiento judicial.

Con este pronunciamiento, la gestión municipal puede continuar con normalidad, pero el debate sobre la RPT y los nombramientos mantiene la tensión política en Carranque, mientras el Ayuntamiento analiza los pasos legales que podría tomar frente a la actuación de los concejales implicados.